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Boletín Trimestral de Responsabilidad Legal Empresarial - Número 23, marzo de 2017


Bienvenidos(as) a nuestro Boletín trimestral de Responsabilidad Legal Empresarial que destaca un tema específico cada trimestre, así como los principales avances en el tema de responsabilidad legal empresarial. El nodo de Responsabilidad Legal Empresarial en nuestro sitio web ofrece Información objetiva y concisa sobre demandas contra empresas en las que se aleguen abusos de derechos humanos.
 
El presente boletín, así como los números anteriores, están también disponibles en inglés, francés, ruso, chino, alemán y español.

Destacado del trimestre: Superando el acceso inequitativo a la información, una barrera frecuente para las víctimas de abuso empresarial

Esther Kiobel demandó a Shell en una Corte de los Estados Unidos en 2002, alegando que Shell fue cómplice de la ejecución de su esposo, un activista Ogoni que hizo una campaña en contra de los daños derivados de la contaminación petrolera en Nigeria; ella dijo que demandó “para que Shell respondiera por los supuestos delitos cometidos contra [ella y su familia] y el resto de la humanidad”.  En abril de 2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó el caso. La señora Kiobel está ahora regresando a juzgados en los Países Bajos, donde tiene su casa matriz Shell. Las cortes holandesas requieren que los/as demandantes presenten casi todas sus pruebas desde el inicio del proceso. Estándares legales como éste pueden impedir que algunas personas demandantes busquen siquiera la reparación, pues se les exige que reúnan suficientes evidencias antes de que puedan presentar su caso. Para lograr este techo tan alto, la señora Kiobel utilizó, en 2016, el Estatuto para la Asistencia Legal Extranjera de los Estados Unidos (FLA, por su sigla en inglés), para solicitar importantes documentos del caso previo en los Estados Unidos sostenido por Shell contra abogados estadounidenses; esta prueba apoyaría la demanda que ella planea hacer en Holanda. El Estatuto FLA permite a las personas involucradas en una demanda -ante cortes o juzgados de otro país- pedir a cortes de los Estados Unidos que compulsen testimonios y documentos de empresas o personas en Estados Unidos. Así, éstas se favorecen de los reglamentos y procedimientos amplios para la entrega de información en ese país. En enero de 2017, una corte aceptó la petición de la señora Kiobel, pero los abogados de Shell apelaron.

El acceso a la información es un derecho vital para las víctimas y una herramienta crucial para que las empresas rindan cuentas. En la actualidad, la desigualdad en el acceso a la información refuerza la asimetría de poder existente entre víctimas y empresas, que niega a las primeras la información requerida para presentar un caso o probar sus denuncias. Por ejemplo, las víctimas no conocen qué producto ha vertido una empresa al contaminar el medio ambiente, o qué autoridad ejerce una empresa matriz sobre sus subsidiarias -mientras que las empresas sí tienen este conocimiento y lo usan cuando les conviene. Las medidas que permiten a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, como el caso de la señora Kiobel, acceder a dicha información, les da la posibilidad de demostrar si una empresa causó el daño que sufrieron y cómo lo hizo, lo cual puede representar una diferencia entre el éxito o el fracaso en la búsqueda de una reparación judicial. “La transparencia en la información es un derecho relevante que contribuye a aliviar la asimetría de poder entre las comunidades afectadas o grupos vulnerables que defienden sus derechos frene a empresas poderosas. Toda jurisdicción requiere ofrecer derechos a la información”, dice Claudia Müller-Hoff del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR, por sus siglas en inglés).

Existe una poderosa evidencia sobre la necesidad de medidas como el FLA. En muchos casos, las víctimas de abusos de derechos humanos no pueden investigar y proseguir sus denuncias legales debido a la falta de información. De acuerdo con el ECCHR, en un caso de la subsidiaria peruana de una empresa minera que supuestamente contaminó el agua y el suelo con metales pesados y, por ende, causó graves riesgos en la salud de la población local;  la empresa matriz podría ser demandada según la ley suiza, sólo si se puede demostrar la falta de intervención, supervisión y monitoreo adecuado. El acceso a la información por parte de la empresa matriz habría ayudado a las víctimas peruanas y a sus abogados(as) a hacer una valoración responsable y completa de posibles acciones, incluyendo si se podían sostener las denuncias legales contra la empresa con base en la evidencia. Pero sin esta información, es imposible que las víctimas, sus abogados(as) o un órgano imparcial pueda valorar si la legislación o las cortes suizas pueden ofrecer una reparación. En Indonesia, por ejemplo, abogados(as) participantes de un taller que realizamos, en septiembre de 2016, sobre los impactos del humo tóxico transfronterizo causado por incendios para limpiar la tierra y dejarla lista para plantaciones de palma nos dijeron que no habían podido obtener información clave, incluyendo los mapas que muestren los linderos de las plantaciones. Esta información es esencial para plantear un caso sólido en denuncias relacionadas con el humo, al determinar quién es propietario de la tierra y cuál es su responsabilidad respecto de los incendios y sus impactos.

Por el contrario, al garantizar el acceso a las pruebas se puede rectificar la asimetría de poder y la falta de información que enfrentan las víctimas. En otra demanda contra Shell en los Países Bajos relativa a Nigeria, esta vez presentada por agricultores por contaminación petrolera, la corte ordenó, por primera vez en la historia judicial holandesa, en diciembre de 2015, que Shell debía suministrar a los demandantes documentos internos de la empresa, esenciales para el caso, según los(as) abogados(as) de los campesinos. En las demandas en Canadá contra Hudbay Minerals, relativos a las violaciones sexuales y atentados a bala en Guatemala, en 2015, una corte de Ontario ordenó que la empresa suministrara información interna sobre sus filiales y las políticas empresariales. El abogado de las víctimas, Cory Wanless afirmó que los documentos podían “demostrar que la empresa es responsable de hecho y derecho, aquí en Canadá, por los desastrosos hechos en Guatemala”.

Unas fuertes medidas para ayudar a que los/as demandantes tengan acceso a la información también han apoyado el litigio en demandas que se tramitan en cortes del Sur Global. En apoyo a una demanda en una corte nigeriana contra Chevron por daños causados por una explosión de gas, las comunidades usaron el Estatuto FLA para obtener los registros -de las oficinas de Chevron en los Estados Unidos- de los impactos ambientales de las explosiones de gas. Las comunidades y Chevron llegaron a un acuerdo en esta demanda en 2016.

Dado el alcance global de las multinacionales y, para asegurar que las víctimas de abusos puedan acceder a toda la información necesaria para reivindicar sus derechos, las cortes deberían facilitar el acceso a dicha información cada vez que una empresa la retenga, siguiendo los ejemplos de juzgados y leyes de los Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. Compartir la información y la cooperación internacional entre cortes es benéfico para todas las partes involucradas, porque facilita la resolución de disputas, como anotó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en sus recomendaciones a los Estados dirigidas a mejorar el acceso a reparaciones (Ver Objetivo de Política 18). Una legislación más fuerte, similar a la del Estatuto FLA de los Estados Unidos en una amplia variedad de jurisdicciones recorrería un largo trecho para rectificar las asimetrías de información y de poder a las que se enfrentan las víctimas de abusos.
Avances Legales

Nuevos perfiles de casos

Demanda contra propietarios de tiendas de abarrotes (sobre esclavitud moderna en Rusia): El 25 de noviembre, un conjunto de ONG presentaron una demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos a nombre de cuatro mujeres, que alegaban que Rusia no cumplió sus obligaciones para investigar efectivamente sus denuncias de abusos, dado que todas ellas denunciaron haber sufrido graves atropellos, incluyendo trabajo forzado, privación de su libertad, tortura, golpizas y violación sexual mientras trabajaban en una tienda de abarrotes en Moscú.  En noviembre de 2012, un investigador abrió un caso penal contra los propietarios de la tienda, pero después de tres años cerró la investigación sin formularles cargos, aun cuando las víctimas y sus abogados(as) habían presentado suficientes pruebas. En diciembre de 2016, los/as abogados/as ayudaron a otra víctima a formular una denuncia penal e intentaron presentar una demanda civil contra el almacén en Rusia respecto de salarios no pagados.
 

Actualización de casos en curso

Demandas contra el Banco Árabe (relativa a ataques terroristas en Israel): El 3 de abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó la petición de los demandantes para decidir si la Ley de Agravios en el Exterior (Alien Tort Claims Act) se aplica a las empresas. Se espera una sentencia en el otoño de 2017.

Demandas contra BHP Billiton y demanda contra Vale (relativas al desplome de un dique de colas en Brasil): El 17 de marzo, un juez suspendió la demanda civil de Fiscales Federales brasileños por $44 mil millones de dólares estadounidenses, como parte de un acuerdo alcanzado entre el gobierno (de Temer) y las empresas.

Demandas contra guardias de seguridad de Blackwater (relativos a asesinatos en Bagdad): El 17 de enero, dos antiguos guardias de la empresa de seguridad Blackwater apelaron sus sentencias, argumentando que un testigo había mentido durante el juicio.

Demandas contra Chiquita (relativas a complicidad en asesinatos en Colombia): En marzo, más de 200 familiares de personas asesinadas por grupos paramilitares presentaron una demanda colectiva en una corte de los Estados Unidos en contra de los ejecutivos de Chiquita, alegando que éstos hicieron pagos a los paramilitares, en contravención con la Ley de Agravios en el Extranjeros (Alien Tort Claims Act), la Ley de protección a víctimas de  tortura y el derecho internacional consuetudinario. 
 
Demandas contra ConocoPhillips (relativas al derrame en China): En diciembre, comenzaron las audiencias de la demanda presentada por cinco pescadores de Tianjin contra ConocoPhillips en China. Otra demanda contra la empresa, que presentaron 205 pescadores de Shandong, fue admitida en otra corte china.

Demanda contra Costco (relativa al trabajo esclavo en Tailandia): En enero, un juez estadounidense desestimó la demanda porque los quejosos no pudieron establecer que Costco tenía una obligación de informar a los(as) consumidores(as) sobre los abusos laborales en la cadena de valor del empaquetado de sus productos.

Demanda contra DuPont (relativa a contaminación de PDOA en Estados Unidos): En febrero, DuPont llegó a un acuerdo sobre las más de 3,550 demandas de  USD 671 millones de dólares estadounidenses, pero negaron cualquier responsabilidad.

Demanda contra Dyncorp (relativa a fumigaciones en Colombia y Ecuador): El 3 de abril, los juicios de seis quejosos “de prueba” ecuatorianos contra Dyncorp inició en Estados Unidos, estos casos ayudarán a conocer cómo los otros más de 2,000 quejosos tendrían éxito en un juicio.
 
Demanda contra Eternit (relativa a exposición a asbestos en Italia): El 12 de enero, fiscales de Turín apelaron, ante la corte de casación, contra la decisión del juez de reducir los cargos de homicidio a homicidio involuntario.

Demanda contra la industria armamentista (relativa al tiroteo de Sandy Hook en Estados Unidos): En marzo, las víctimas de las familias presentaron un informe en la Corte Suprema del estado de Connecticut en busca de reinsertar su demanda contra Bushmaster Firearms. 

Demanda contra KBR (relativa al tráfico de personas en Irak): El 3 de enero, una corte de apelaciones estadounidense mantuvo la negativa de una corte más baja a la petición de los quejosos de volver a escuchar, emendar y reabrir sus demandas relacionadas con la Ley de Agravios en el Exterior (Alien Tort Claims Act) porque los hechos alegados en la demanda carecían de suficiente conexión con los Estados Unidos.

Demanda contra Nestlé, Cargill, Archer Daniels Midland (relativa al trabajo infantil en Costa de Marfil): En marzo, un juez estadounidense desechó la demanda y encontró que los quejosos no podían demandar por trabajo forzado en Costa de Marfil al no poder probar que la conducta de las empresas estadounidenses estaba vinculada a los abusos en el extranjero. Los quejosos presentaron una notificación de apelación.

Demanda contra RWE (relativa a impactos del cambio climático en Perú): El 15 de diciembre, una corte alemana desechó la demanda con base en que los quejosos no establecieron que RWE era legalmente responsable de proteger al pueblo peruano de inundarse. En enero, los quejosos presentaron una apelación. 

Demanda contra Shell (relativa a asesinatos en Nigeria): En octubre, Esther Kiobel presentó una apelación, en Estados Unidos, bajo el Estatuto para la Asistencia Legal Extranjera para acceder a documentos disponibles para los(as) abogados(as) de Shell y para fortalecer el caso que se presentará ante una corte holandesa. El 24 de octubre, se le ordenó al bufete de abogados entregar dichos documentos. El 13 de febrero, el bufete apeló a la decisión, argumentando que los bufetes de abogados estadounidenses sufrirían si se otorgan requerimientos amplios de descubrimiento.

Demanda contra Tahoe Resources (por caso en Guatemala): En enero, la Corte de Apelación de la Colúmbia Británica mantuvo que tiene jurisdicción sobre las demandas, ya que sería difícil para los quejosos tener un juicio justo en Guatemala.

Demanda contra Texaco/Chevron (relativa a la contaminación petrolera en Ecuador): En enero, una corte de Ontario, Canadá, decidió que los $9 mil millones de dólares estadounidenses de la sentencia ecuatoriana no podrían ejercerse contra la subsidiaria de Chevron, Chevron Canadá, porque ésta es una entidad legal separada. Los quejosos quieren apelar. El juez, sin embargo, permitió que la aplicación del caso contra Chevron Corp. continuara en juicio.

Demanda contra Villaggio Mall (relativa al incendio fatal en Qatar): En febrero, la alta corte qatarí afirmó las decisiones de las cortes bajas de revocar la sentencia de encarcelamiento contra el acusado y falló que deben pagar colectivamente 200,000 riales qataríes (aproximadamente $55,000 dólares estadounidenses) a cada familia de las víctimas.

 
Nuevas traducciones

En ruso

Описание дела: Судебное дело против магазина "Продукты" отн. современного рабства (Россия)
[Demanda del supermercado Produkty (relativa a la esclavitud moderna en Rusia)]
New blog posts
Herramientas Tecnológicas Innovadoras Que Cambian la Percepción del Riesgo de la Esclavitud (Innovative Tech Tools Changing Modern Slavery Risk Perception), Kristina Novak, Liberty Asia, 13 de abril 2017

La responsabilidad legal corporativa y el acceso a la justicia son vitales contra los impactos de la contaminación del humo de la palma de aceite en el sudeste asiático (100,000 may have died but there is still no justice over Indonesian air pollution), Elodie Aba y Bobbie Sta. Maria, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 6 de febrero de 2017


Si tiene interés por publicar como invitado sobre algún tema de responsabilidad legal empresarial, por favor contáctenos.
Otras noticias

Del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

El Mapa de casos, un proyecto conjunto con Liberty Asia, muestra la distribución geográfica de casi 100 demandas de empresas y derechos humanos, así como algunas demandas seleccionadas presentadas bajo las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales. El Mapa proporciona los resúmenes de los procedimientos legales junto a la información sobre los países, los temas, la legislación aplicada y las fechas de los procedimientos.
 
Nuevas secciones en nuestro sitio web sobre dos temas esenciales, con explicaciones no técnicas, orientación, comentarios de expertos y ejemplos de casos:
Eventos
Conferencia Internacional: Empresas y Derechos Humanos – Retos del derecho internacional y respuestas europeas, (Business & Human Rights - International Law Challenges, European Responses), Universidad de Milán (29 al 30 de mayo de 2017, Milán)

Explorando el litigio como una forma de reparación de empresas y derechos humanos (Exploring Litigation as a Business and Human Rights Remedy), Centro Irlandés para los Derechos Humanos (24 de marzo de 2017, Galway)

Presentación del libro “Empresas y Derechos Humanos: historia, legislación y política – puentes en la rendición de cuentas  (Business and Human Rights: History, Law and Policy – Bridging the Accountability Gap), Dr. Nadia Bernaz (7 de diciembre de 2016, Londres)

 

Reportes, artículos y directrices de expertos y organizaciones

Entrenando abogados(as) en empresas y derechos humanos (Training lawyers on business and human rights), International Bar Association

Acceso a remedio: ¿la nueva frontera? (Access to Remedy: The Next Frontier?), Clifford Chance & Global Business Initiative on Human Rights, 16 de marzo de 2017

Arbitraje internacional: remedio para las víctimas en disputas de empresas y derechos humanos (International arbitration: remedy for victims in business and human rights disputes), Claes Cronstedt, Jan Eijsbouts y Robert C. Thompson, en Lawyers for Better Business, 10 de febrero de 2017


Video

Entrevista con John Gbei, integrante de la comunidad bodo en Nigeria, sobre el “Acceso al remedio: perspectivas de víctimas en casos de extraterritorialidad”  (“Access to remedy: Victims’ Perspectives in Cross-Border Cases"), en el Foro de la ONU de 2016. El Sr. Gbei y el bufete de abogados Leigh Day, demandaron a Shell, en 2012, por derrames petroleros en la delta del Níger.  
Si desea que consideremos algún tema para nuestro próximo boletín, o tal vez conoce a alguien a quien le gustaría recibirlo, o desea darnos su opinión, o simplemente no desea continuar recibiéndolo, por favor contacte a Elodie Aba, Responsable del Proyecto sobre Responsabilidad Legal Empresarial, escribiendo a aba@business-humanrights.org.
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