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Boletín Trimestral de Responsabilidad Legal Empresarial - Número 24, septiembre de 2017


Bienvenidos(as) a nuestro Boletín trimestral de Responsabilidad Legal Empresarial que destaca un tema específico cada trimestre, así como los principales avances en el tema de responsabilidad legal empresarial. El nodo de Responsabilidad Legal Empresarial en nuestro sitio web ofrece Información objetiva y concisa sobre demandas contra empresas en las que se aleguen abusos de derechos humanos.
 
El presente boletín, así como los números anteriores, están también disponibles en inglés, francés, ruso, chino, alemán y español.

Destacado del trimestre: Demandas de empresas buscan silenciar a quienes promueven la rendición de cuentas


Imagine que usted es un(a) abogado(a), que presenta su trabajo y algunos de los casos en los que está involucrado en una universidad, y que poco tiempo después, recibe una notificación informándole que está siendo demandado por difamación. Esto es exactamente lo que le ha pasado al Centro para los Derechos Ambientales (Centre for Environmental Rights, CER), en Sudáfrica. En una presentación en la Universidad de Ciudad del Cabo llevada a cabo en enero de 2017, dos abogados del CER, Tracey Davies y Christine Reddell, plantearon que la propuesta de Mineral Sand Resources (MSR) de explotar las dunas de Xolobeni era “medioambientalmente destructiva”. En mayo, les informaron  que MSR (parte de la empresa australiana Mineral Commodities) los demandaba por difamación, junto a una activista de la comunidad local, Davine Cloete.  El CER afirmó que esta demanda era un caso de Litigio Estratégico Contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) – “Este es un mensaje a los empresarios que piensan que pueden utilizar demandas y otras tácticas de intimidación para silenciar las voces de los activistas… Les daremos la pelea, continuaremos investigando irregularidades empresariales, y obtendremos apoyo de nuestros socios – pero, sobre todo, no nos silenciarán”

Los SLAPP son a menudo presentados por las empresas para intimidar y silenciar a aquellas personas que tratan de participar en asuntos de interés público (comunidades locales, sindicalistas, periodistas, ONG, abogados/as, veedores/as), envolviéndolos en procedimientos litigiosos costosos, hasta que abandonen sus críticas u oposición. En la mayoría de casos tienen pocas posibilidades de éxito en base a sus fundamentos jurídicos. Sin embargo, incluso requerir a las víctimas de abusos de derechos humanos, ONG, periodistas y otras personas para que se defiendan de estas demandas, puede poner en peligro el espacio civil e impedir que las víctimas tengan acceso a la justicia.  La ONG Sherpa está siendo demandada en Francia por la empresa constructora Vinci, por difamación o calumnia, después de haber presentado una demanda contra Vinci en relación a denuncias de trabajo forzado en sus obras en Catar. Según Sherpa, los SLAPP han aumentado y también lo han hecho las cuantías reclamadas por las empresas por daños y perjuicios, siendo éstas a menudo totalmente desproporcionadas respecto de los medios económicos de aquellos a quienes se dirigen los SLAPP. Así mismo, Sherpa ha dicho que, dados los riesgos financieros de dichos litigios, éstos resultan en autocensura de las organizaciones, amenazando así la libertad de expresión.

Los SLAPP ocurren por igual en países desarrollados y en “vías de desarrollo”; los que siguen son sólo un puñado de ejemplos recientes: En Tailandia, las demandas por difamación presentadas por la empresa Natural Fruit contra Andy Hall, un investigador y activista de derechos laborales británico, tras un informe que denunciaba abusos laborales contra trabajadores migrantes en las fábricas de la empresa, recibió una amplia cobertura mediática. La granja Thammakaset también presentó una demanda por difamación en Tailandia contra trabajadores que la habían demandado, alegando trabajos forzados y otros abusos en el lugar de trabajo en esa granja avícola. La difamación es un delito penal según la ley tailandesa, y puede conllevar penas de prisión. En Honduras, la empresa energética DESA (Desarrollos Energéticos), presentó una querella criminal por difamación contra Suyapa Martínez de la ONG de derechos de la mujer, Centro de Estudios de la Mujer. Ésta había afirmado públicamente que DESA estaba involucrada en la planificación del asesinato de la activista Berta Cáceres por oponerse al proyecto de construcción de una represa adjudicada a DESA; la querella de DESA fue desestimada. El año pasado, en Canadá, un juez explícitamente calificó como SLAPP una demanda de difamación presentada por Minas Taseko, contra el Comité canadiense occidental de vida silvestre (Western Canada Wilderness Committee), indicando que era “un intento de usar el procedimiento litigioso para silenciar críticas en un asunto de importancia pública… En el contexto de una acción por difamación, buscar una indemnización punitiva puede servir para silenciar a los críticos”. El caso fue desestimado, pero la empresa ha apelado, y niega que intentara silenciar a sus críticos.

Por su parte, los Estados Unidos están siendo testigos de su cuota de demandas presentadas por empresas contra defensores/as, por haber alzado la voz en contra de sus negocios. Murray Energy y su CEO Robert Murray demandaron al comediante de televisión John Oliver por emitir un sketch televisivo que criticaba las prácticas de seguridad minera de Murray, y que mencionaba el derrumbe en una de las minas de Murray en Utah. La American Civil Liberties Union, en su escrito de amicus curiae en apoyo a Oliver, ha descrito el litigio como “ridículo” y otros expertos legales lo han tildado de “frívolo” y “vejatorio”. En otro caso, Energy Transfer, el promotor que va tras el Oleoducto Dakota Access, presentó una demanda por fraude contra Greenpeace, Banktrack, Earth First!, y  otros grupos, por haber supuestamente “manufacturado y distribuido información materialmente falsa y engañosa sobre Energy Transfer y el Oleoducto Dakota Access” – alegando que habían infligido “billones de dólares de perjuicios” contra el oleoducto.

A la luz de estos ataques legales, algunos activistas que buscan la rendición de cuentas han decidido proseguir su lucha y contrademandar a las empresas. A finales de mayo 2017, Andy Hall presentó una contra-demanda contra Natural Fruit. “Me animé a iniciar estos procedimientos litigiosos gracias a trabajadores migrantes a quien continúo apoyando en Tailandia. Después de mi condena penal, muchos trabajadores y defensores/as de derechos en Tailandia -e incluso, globalmente- me dijeron que tienen duda para denunciar plenamente los abusos, debido al miedo a repercusiones negativas. Es imperativo que este par de procesos penales recuperen el espacio para las víctimas de abusos de derechos, como los trabajadores explotados y defensoras y defensores de derechos humanos, de modo que puedan alzar sus voces con tranquilidad en casos de conductas ilegales por parte de empresas y actores estatales”, dijo Hall. Éste tuvo el apoyo de la comunidad internacional, pero muchos defensores/as a nivel local no lo tienen, hecho que hace más dura su situación y los vuelve más vulnerables. La ONG CALAS (Centro de Acción Legal Ambiental y Social), que trabaja para promover la participación de las comunidades y el respeto por los derechos colectivos de pueblos indígenas en Guatemala, ha sido también demandada por empresas por difamación. Con el fin de hacer justicia para los defensores y defensoras de derechos humanos, la organización decidió empezar un litigio contra dichas empresas. Esto incluye acciones contra Repsa (en relación a un ecocidio) y Minería de Guatemala, cuya licencia ha sido suspendida por delitos contra el medio ambiente.

El incremento de denuncias de SLAPP en años recientes ha contribuido a aumentar la conciencia sobre esta problemática y a presionar a los gobiernos para que actúen. Algunos de ellos ya han emprendido acciones positivas. El Territorio Capitalino australiano, la provincia de Ontario, en Canadá y el estado de California, en los Estados Unidos, han aprobado leyes “anti-SLAPP” destinadas a asegurar que el público pueda participar libremente en discusiones públicas sin temor a las represalias. Las ONG están promoviendo la aprobación de leyes similares en otros países, incluyendo a Sudáfrica y Francia, pero, por el momento, no hay ningún proyecto de ley pendiente en Europa. Los Gobiernos pueden tomar otras medidas para evitar que los tribunales sean utilizados contra activistas que buscan la responsabilidad legal empresarial, tales como la despenalización de la difamación, algo que han apoyado tanto diversas organizaciones internacionales (como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU), como ONG destacadas (Artículo 19 y la Comisión Internacional de Juristas). Un informe experto reciente, encargado por el gobierno francés, emitió una serie de recomendaciones al Estado con relación a los SLAPP, incluyendo la implementación de multas civiles de hasta 15.000 euros por iniciar un procedimiento judicial que ponga en peligro la libertad de expresión del/la demandado/a; igualmente, en el caso de procedimientos penales dolosos dirigidos específicamente contra académicos/as, por declaraciones realizadas en el marco de sus actividades de investigación, con penas de hasta siete años en prisión y 375.000 euros.

Las empresas también pueden contribuir a evitar que el espacio cívico se reduzca, apoyando a aquellos defensores y defensoras de derechos humanos que sean acosados legalmente. En la demanda de difamación contra Andy Hall, la empresa S Group, filial de Natural Fruit, testificó en 2016 a favor del activista en su juicio. La empresa explicó su decisión “…Como empresa responsable decidimos testificar, porque S Group es parte de la cadena de valor de este caso… Es también de interés de las empresas el tener una sociedad civil activa”.
Avances legales

Nuevos perfiles e instantáneas de casos

Demanda contra Eni (relativa a derrame de petróleo en el Delta del Níger): En mayo, una comunidad nigeriana demandó a Eni en Italia, en relación a un derrame de petróleo en el Delta del Níger ocurrido en 2010. La comunidad alega que el petróleo dañó sus fuentes de sustento y solicita acciones de limpieza y compensación. El oleoducto era operado por la empresa Nigerian Agip Oil Company (NAOC), de la cual Eni es el accionista mayoritario. Eni negó cualquier infracción y señaló que la limpieza de NAOC había satisfecho a las autoridades nigerianas. En diciembre tendrá lugar una primera audiencia .

Demanda de Murray Energy (contra John Oliver en relación a un sketch televisivo, Estados Unidos): El 21 de junio, Murray Energy y su CEO Robert Murray presentaron una demanda por difamación en los Estados Unidos contra el comediante televisivo John Oliver – junto con HBO, Time Warner, y guionistas del programa “Last Week Tonight”. La demanda alega que Oliver y su equipo “llevaron a cabo un intento meticulosamente planeado de asesinar la imagen y reputación del Sr. Robert E. Murray y sus empresas” emitiendo un episodio que criticaba las prácticas de seguridad de las minas de Murray y que mencionaba el derrumbamiento de una de las minas de Murray en Utah, hecho que mató nueve personas.

Demanda contra Vinci (relativa a trabajos forzosos en Catar): En marzo de 2015, la ONG Sherpa presentó una reclamación en Francia contra Vinci y los gerentes de su filial catarí QDVC, respecto de denuncias por trabajos forzosos y esclavitud de trabajadores migrantes en las sedes de obras para la Copa del Mundo de fútbol en 2022 en Catar. Vinci negó todas las denuncias. En abril de 2015, la Fiscalía abrió una investigación preliminar para comprobar las denuncias; el caso se encuentra todavía en curso. Por su lado, Vinci presentó dos demandas contra Sherpa, en marzo y mayo de 2015: una por difamación y otra, por vulnerar la presunción de inocencia. El primer proceso está todavía en curso. El segundo fue desestimado en junio de 2017.

Actualización e instantáneas de casos en curso

Demandas de Abu Ghraib contra CACI, Titan (actualmente L-3): En junio, un tribunal de los Estados Unidos decidió que la reclamación de víctimas de tortura en la prisión de Abu Ghraib en Irak contra CACI puede proseguir.

Demanda contra Anvil Mining (relativa a complicidad en la masacre de Kilwa en la República Democrática del Congo): En junio, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos acusó a Anvi Mining por su supuesta complicidad en los asesinatos de civiles de 2004, e instó al gobierno a reabrir la investigación criminal sobre las actuaciones de la empresa.

Demanda contra el Banco Árabe (relativa a complicidad en la financiación de ataques terroristas en Israel): En junio, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un escrito de amicus curiae en apoyo a las familias de las víctimas y supervivientes de los ataques terroristas. Este otoño, la Corte Suprema decidirá si la Ley de Agravios contra Extranjeros ("Alien Tort Statute") es aplicable a empresas.

Demanda contra Betagro y Thammakaset (relativa a la explotación de trabajadores migrantes en Tailandia): En respuesta a la demanda de los trabajadores, el dueño de Thammakaset 2 presentó una demanda por difamación contra éstos y contra Andy Hall, en octubre 2016. En agosto de 2017, la Corte de Don Muang admitió el trámite para juicio en firme por la querella de difamación criminal interpuesta por la empresa.

Demandas contra BHP Billiton y Vale (relativa al desplome de un dique de colas en Brasil): En julio de 2017, la Corte Federal suspendió el procedimiento penal presentado contra 21 personas, incluyendo altos cargos de BHP Billiton, Vale y Samarco, por las 19 muertes que se derivaron de la ruptura de la presa de relaves.

Demandas contra Chiquita (relativas a complicidad en asesinatos en Colombia): En mayo, un grupo de abogados y ONG solicitaron a la fiscal de la Corte Penal Internacional que investigara la complicidad de funcionarios de Chiquita en crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares, como parte de la actual investigación de la Corte en Colombia.
 
Demanda contra DynCorp (relativa a fumigaciones en Colombia y Ecuador): En abril, un tribunal federal de los Estados Unidos rechazó la concesión de daños y perjuicios en la primera "prueba en la corte", debido a la falta de control de DynCorp sobre los pilotos del gobierno que llevaban a cabo las misiones de vuelo de fumigación con químicos. Sin embargo, el jurado consideró que sí que era responsable por los vuelos de un subcontratista realizados más tarde, hecho que será relevante para casos futuros que puedan ser presentados por otros/as demandantes.

Demanda contra la Corporación Financiera Internacional, CFI (relativa a la financiación de una central de carbón en India): En junio, una corte de apelaciones de los Estados Unidos estableció que la CFI tiene derecho a "absoluta inmunidad" y no puede ser demandada por las comunidades que han sufrido daños a causa de los proyectos de la CFI. En julio, las comunidades solicitaron que corte de apelaciones en pleno revise su doctrina de inmunidad. 

Demanda contra la industria armamentista (relativo al tiroteo en Sandy Hook, Estados Unidos): En mayo, Remington y Bushmaster solicitaron al Tribunal Supremo de Connecticut que desestimara el caso, alegando que únicamente la tienda que vendió la pistola podría enfrentarse a una demanda por "encargo negligente".

Demanda contra Shell (relativo a Nigeria - Kiobel y Wiwa): En junio, Esther Kiobel y otras tres mujeres iniciaron un procedimiento civil contra Shell en los Países Bajos. Alegan que la empresa fue cómplice en 1995 de los asesinatos de sus maridos, quienes estaban entre los activistas llamados "Los 9 de Ogoni ", que se opusieron a las operaciones de Shell y del gobierno nigeriano por los efectos de la contaminación petrolera. Shell ha negado toda participación en las ejecuciones.

Demanda contra Tahoe Resources (relativa a tiroteo en mina de Guatemala): En junio, el Tribunal Supremo de Canadá rechazó escuchar una apelación presentada por Tahoe Resources contra la decisión de la Corte de Apelaciones de Columbia Británica, que sostiene que Canadá sí tiene jurisdicción sobre las reclamaciones. Así las cosas, el procedimiento continuará. En julio, el Tribunal Supremo de Guatemala suspendió las licencias mineras de Tahoe Resources, quedando pendiente de la resolución de las denuncias que afirmaban que la empresa no habría llevado a cabo consultas con comunidades indígenas.

Demanda contra Texaco/Chevron (relativa a contaminación petrolera en Ecuador): En abril, los representantes legales de las comunidades afectadas solicitaron al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revisara la decisión de un tribunal menor por fraude, que prohibía la ejecución en Estados Unidos de la sentencia ecuatoriana de 9 billones de dólares contra Chevron. En junio, el Tribunal Supremo rechazó o el caso. Se ha fijado en octubre una audiencia en Canadá para que la comunidad pueda llevar a cabo la acción de ejecución de la sentencia.
Nuevas traducciones

En árabe

قضية فينشي (المتعلقة بفرض العمل القسري في قطر) [Demanda contra Vinci (relativa a trabajos forzosos en Catar)]

En francés

Procès contre Vinci (concernant le travail forcé au Qatar [Demanda contra Vinci (relativa a trabajos forzosos en Catar)]
Nuevos blogs
Por qué se está haciendo más difícil (y más peligroso) responsabilizar a las empresas, Ciara Dowd & Elodie Aba Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos,  mayo 2017
Si tiene interés por publicar como invitado sobre algún tema de responsabilidad legal empresarial, por favor contáctenos.
Otras noticias
Del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

Creando un cambio de paradigma: Soluciones legales para mejorar el acceso a remedio frente a abusos corporativos de derechos humanos (Creating a paradigm shift: Legal solutions to improve access to remedy for corporate human rights abuse), Amnistía Internacional & Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 4 septiembre 2017

Nuevas entrevistas a abogados/as que luchen por la responsabilidad legal empresarial
  • [vídeo] Jia Yaw Kiu, Malaysian Bar Association & Erik Coubut (Indonesia)
  • Entrevistas anteriores disponibles aquí.
Nueva sección que recopila materiales sobre demandas de empresas contra activistas que buscan la rendición de cuentas empresarial

Video con entrevista de Andy Hall sobre su contra-demanda contra Natural Fruit & autoridades tailandesas, junio 2017

La impunidad corporativa es lo común, mientras la indemnización a las víctimas es inusual  - Informe Anual de Responsabilidad Legal Empresarial, abril 2017 Estamos buscando un/a pasante para ser investigador/a legal (fecha límite para postularse: 24 de septiembre de 2017)

Reportes, artículos y directrices de expertos y organizaciones

Luchando contra la marea. Derechos humanos y justicia ambiental en el Hemisferio Sur (Fighting the tide. Human rights and environmental justice in the Global Sourth), Dejusticia, 23 agosto 2017

Manual para abogados sobre empresas y derechos humanos (Handbook for lawyers on business and human rights), International Bar Association, julio 2017

Informe de Estado de la Sociedad Civil 2017 (State of Civil Society Report 2017), CIVICUS, junio 2017
  • Incluye ensayo de invitado sobre litigio estratégico transnacional sobre responsabilidad empresarial
Los derechos humanos y las empresas: reflexiones desde América Latina, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, mayo 2017
  • Incluye artículos sobre sentencias en materia de empresa y derechos humanos en México; el concepto de complicidad corporativa dentro de la justicia transicional en Argentina; responsabilidad de empresas por crímenes medioambientales.
La Relatora Especial de la ONU Maina Kiai lanza FOAA Online! - una colección en línea de argumentos legales relacionados con el derecho de reunión y asociación, 28 abril 2017

Impactos del litigio estratégico: Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas (Strategic Litigation Impacts: Indigenous Peoples' Land Rights), Open Society Justice Initiative, 24 abril 2017

Para detener la marcha constante del cambio climático debemos dar poder a aquellos más vulnerables al riesgo (To stop the relentless march of climate change we must empower those most at risk), Vivek Maru, Namati, en Wired (Estados Unidos), 21 abril 2017
  • Sobre la habilitación legal de comunidades locales como herramienta para tratar el cambio climático y los daños ambientales debidos a actividades empresariales
Mejorando el acceso a remedio en el área de empresa y derechos humanos a nivel de la UE (Improving access to remedy in the area of business and human rights at the EU level), Agencia Europea para los Derechos Fundamentales, 10 abril 2017

Litigio Internacional en Derechos Humanos: Una Guía para Jueces (International Human Rights Litigation: A Guide for Judges), David Nersessian, Babson College, diciembre 2016

Eventos

Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 2017 - Realizando el Acceso a Remedio (27-29 noviembre)

Empresas y Derechos Humanos a ambos lados del Atlántico en el contexto de Trump y Brexit (Business & Human Rights on Both Sides of the Atlantic in a world of Trump and Brexit), Organizado por: Matrix Chambers, Leigh Day y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 11 julio 2017
  • Podcast del evento que discutirá sobre litigio en empresas y derechos humanos en los Estados Unidos y el Reino Unido, incluyendo los obstáculos, las oportunidades y las tendencias más recientes
Vídeo: Elementos de un tratado diplomáticamente viable sobre empresa y derechos humanos, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Universidad de Notre Dame, British Institute of International and Comparative Law y Universidad de Essex, 16 mayo 2017
 
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