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Trabajamos unidos para promover los derechos humanos en las empresas
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Boletín Trimestral de Responsabilidad Legal Empresarial - Número 27, junio de 2018


Bienvenidos(as) a nuestro Boletín trimestral de Responsabilidad Legal Empresarial que destaca un tema específico cada trimestre, así como los principales avances en el tema de responsabilidad legal empresarial. El nodo de Responsabilidad Legal Empresarial en nuestro sitio web ofrece Información objetiva y concisa sobre demandas contra empresas en las que se aleguen abusos de derechos humanos.
 
El presente boletín, así como los números anteriores, están también disponibles en inglés, francés, ruso, chino, alemán y español.

Destacado del trimestre:


El uso de las leyes de protección del consumidor como herramienta estratégica para la debida diligencia de las empresas y la transparencia en las cadenas de suministro mundiales

Trabajo forzado y trabajo infantil, discriminación, salarios precarios, condiciones de trabajo peligrosas, acoso y otros abusos de derechos humanos cometidos a lo largo de las cadenas de suministro mundiales por parte de las empresas son hechos bien documentados. Las acusaciones de prácticas de trabajo forzado en el sector pesquero y marisquero del sudeste de Asia, las riesgosas condiciones laborales y el uso de mano de obra infantil en las minas africanas de oro, diamantes y cobalto que abastecen a empresas multinacionales y las denuncias de acoso sexual y discriminación contra trabajadoras de las fábricas de ropa en Asia son solo algunos lamentables ejemplos de ello.

Las cadenas de suministro son complejas, multidimensionales, y, en gran medida, dependientes de la subcontratación, lo que facilita que las empresas eludan su responsabilidad en caso de abusos de los derechos humanos, con el pretexto de falta de control efectivo o de desconocimiento de la situación. Sin embargo, con la aparición del consumo ético, las empresas están sometidas a una presión creciente por parte de los consumidores particulares, que, cada vez más, solicitan información sobre el origen, la producción y las cadenas de suministro de los productos que adquieren. El consumo ético o responsable, es decir, la compra de productos o servicios que se extraen, producen y distribuyen causando un daño mínimo o sin daño alguno a los derechos humanos y al medio ambiente, se está abriendo camino a través de los tribunales, generando así nuevas oportunidades para la rendición de cuentas empresarial en diversas jurisdicciones.

A la hora de demandar a las empresas y pedirles una mayor transparencia en sus operaciones comerciales, tanto consumidores como activistas de todo el mundo recurren cada vez más a la legislación nacional de protección del consumidor respecto de temas relativos a los derechos humanos. En vez de intentar que se declare responsable a una empresa por un acto u omisión concreto que haya dado lugar a una violación de derechos humanos en su cadena de suministro, estas demandas pretender demostrar que la empresa en cuestión era consciente de los abusos que se estaban cometiendo en su ciclo de actividades comerciales y, de forma intencional, no divulgó esta información a sus clientes o, de algún modo, los engañó. El hecho de no difundir información pertinente sobre un producto o servicio o de proporcionar información engañosa, según argüyen estas demandas, viola los derechos de los consumidores. A lo largo de los últimos ocho años, el aumento de la legislación que ordena la divulgación de información sobre la cadena de suministro ha provocado una cantidad creciente de demandas que alegan que la “información pertinente” incluye que un producto o servicio se haya obtenido, producido o distribuido faltando a la ética.

En Francia, tres ONG presentaron una demanda contra la cadena de supermercados Auchan en 2014, acusando a la empresa de mentir a sus clientes sobre las condiciones laborales de sus proveedores en el extranjero, después de que se encontraran etiquetas de su gama de ropa entre los escombros del derrumbe de la fábrica del Rana Plaza, en Bangladesh. En Alemania, un organismo de protección a los consumidores ganó un juicio contra el minorista de descuento Lidl, alegando que las condiciones de trabajo en las fábricas textiles de su cadena de suministro en Bangladesh no cumplían con los estándares laborales internacionales. La demanda se produjo tras una campaña publicitaria de Lidl que afirmaba que la empresa defendía unas condiciones laborales justas y que se abastecía de productos no alimentarios únicamente de un selecto grupo de proveedores. Lidl se vio obligado a retirar la declaración pública en la que afirmaba que sus productos se elaboraban con arreglo a las normas sobre trabajo digno y se le prohibió hacer referencia en su material publicitario a su pertenencia a la Iniciativa de Cumplimiento Social de las Empresas (ICSE o BSCI, por sus siglas en inglés).

En Estados Unidos, se presentó una acción de grupo contra el gigante mayorista Costco y su proveedor tailandés de mariscos, CP Foods, alegando que Costco sabía que algunas de las gambas (langostinos) que vendía se alimentaban con productos pesqueros obtenidos mediante mano de obra esclava y con víctimas de tráfico de personas en Tailandia, pero no comunicó esta información a sus consumidores. Otros consumidores presentaron una demanda similar contra Nestlé, acusando a la empresa de haber vulnerado la legislación de protección del consumidor al no revelar que los ingredientes de sus productos de alimentación para gatos eran resultantes del uso de trabajo forzado. Entre otras demandas recientes, cabe citar la interpuesta contra el gigante de la electrónica Samsung, presentada en Francia, en la que se le acusa de publicidad engañosa debido a supuestos abusos laborales cometidos en sus fábricas de China y Corea del Sur. En los Estados Unidos, se presentaron demandas contra los fabricantes de chocolate Nestlé, Hershey’s y Mars, por no comunicar un supuesto uso de mano de obra infantil en las plantaciones de cacao en Costa de Marfil.

La estrategia de utilizar la legislación de protección del consumidor para que las empresas respondan por los abusos de derechos humanos cometidos en su cadena de suministro presenta diversas oportunidades y retos para la rendición de cuentas empresarial. Al contrario que las reclamaciones por daños y perjuicios, en las demandas sobre protección del consumidor no es necesario establecer el deber de diligencia de una empresa respecto de las personas afectadas o demostrar la existencia de una relación entre el daño causado por un abuso y la acción u omisión concreta de la empresa. Además, la presentación de una demanda basada en leyes de protección del consumidor no se limita a las personas directamente afectadas por un abuso. Por el contrario, cualquiera que haya efectuado la compra de un producto o servicio originado en una cadena de suministro en cuestión puede presentar una demanda con arreglo a las leyes de protección del consumidor, lo que amplía así el grupo de posibles demandantes.

Dicho esto, el éxito de las demandas en las que se alega publicidad engañosa u omisión de divulgación de información dependerá de si el/la demandante puede o no demostrar que la información en cuestión podría ser relevante para un/a consumidor/a razonable y si ocultarla o proporcionar información engañosa le ha causado algún tipo de perjuicio. No todas las demandas arriba mencionadas han terminado exitosamente. En una reciente decisión, una Corte de los Estados Unidos decidió que Mars no tenía una obligación legal respecto de las marcas de sus productos, en cuanto a que su chocolate podía ser resultante de trabajo infantil o forzado. La Corte Federal argumentó que la empresa sólo debía informar acerca de los defectos físicos que se “relacionan a la función central de un producto”.  Sin embargo, la corte sí reconoció que quienes manufacturan usando materiales extraídos de diversos lugares del mundo, pueden beneficiarse del trabajo infantil y forzado y que estas prácticas son reprensibles.

Las demandas basadas en leyes de protección del consumidor generalmente no terminan en reparación para las personas afectadas por el abuso, ni establecen la responsabilidad de una empresa por el daño causado. Sin embargo, pueden concluir exigiendo que la empresa incorpore en la etiqueta del producto información sobre posibles violaciones laborales y de los derechos humanos en su cadena de suministro o que reconozca públicamente la falsedad de los compromisos éticos que haya anunciado, contribuyendo de este modo a exponer los abusos de los derechos humanos perpetrados en las cadenas de suministro globales. Este tipo de exposición supone un riesgo reputacional significativo para las empresas. Junto con los requisitos legislativos y reglamentarios, estas demandas generan una presión crítica sobre las empresas para que ejerzan la diligencia debida en toda su cadena de valor y garanticen una mayor transparencia sobre sus actividades. Así, la utilización estratégica de las demandas alusivas a protección del consumidor supone por tanto un importante paso hacia la mejora del comportamiento empresarial y de la rendición de cuentas por parte de las empresas.
Avances legales

Nuevos perfiles de casos


Demanda contra Samsung (relativa a publicidad engañosa en Francia): Entre 2013 y 2016, Sherpa, ActionAid France Peuples Solidaires e Indecosa-CGT presentaron diversas demandas en Francia contra Samsung Global y sus filiales por supuestas prácticas comerciales engañosas. Las organizaciones alegan que Samsung incumplió sus compromisos éticos, en vista de los abusos documentados en varias fábricas asiáticas en las que se elaboran productos de Samsung, entre ellos, casos de trabajo infantil, horas extras no pagadas, prácticas de trabajo obligatorio y falta de una seguridad adecuada. La demanda de 2013 fue desestimada por la Fiscalía. En 2018, Sherpa y ActionAid France- Peuples Solidaires presentaron otra demanda contra Samsung France y su casa matriz surcoreana, la cual fue desestimada en marzo de 2018 sin investigación. Los demandantes luego presentaron una nueva demanda constituyéndose parte civil en un tribunal de París el 25 de junio de 2018.

Demanda contra Hershey’s (relativa a trabajo infantil en Costa de Marfil): En septiembre de 2015, varios consumidores de Estados Unidos presentaron una acción de grupo contra Hershey’s en un tribunal federal de California, alegando que el hecho de que Hershey’s no hubiera informado de que sus proveedores de cacao de Costa de Marfil utilizaban mano de obra infantil vulneraba las leyes de protección del consumidor de California. La demanda fue desestimada en marzo de 2016. En febrero de 2018, se interpuso una acción de grupo similar ante un tribunal federal de Massachusetts, que acusaba a Hershey’s de no haber informado del riesgo de la utilización de trabajo infantil en su cadena de suministro, con el consiguiente engaño a sus consumidores e incumpliendo así sus declaraciones sobre sostenibilidad, derechos humanos y rendición de cuentas empresarial, además de las leyes estatales en materia de protección del consumidor. En abril de 2018, Hershey’s presentó un recurso solicitando que se desestimase esa demanda, argumentando que la legislación de Massachusetts no exige la divulgación de esta información en el momento de la venta. El caso continúa su curso.

Demanda contra Tonkolili Iron Ore (relativa a complicidad en actos de violencia contra campesinos en Sierra Leona): El 30 de noviembre de 2015, el bufete de abogados Leigh Day interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo del Reino Unido en nombre de 142 campesinos de Sierra Leona contra la empresa minera Tonkolili Iron Ore Ltd. La demanda acusaba a la empresa de alentar a la policía a utilizar la violencia, en dos ocasiones diferentes, en 2010 y 2012, para reprimir las protestas en las instalaciones de la mina. Los demandantes alegan la complicidad y participación directa en agresión, detención ilegal, violación y asesinato, entre otros delitos. La empresa negó toda responsabilidad relacionada con la actuación policial y afirmó que el tribunal británico no era competente para conocer de actos cometidos en Sierra Leona. Sin embargo, el tribunal acordó ocuparse del caso y reafirmó que estos asuntos sí le competen, ya que Tonkolili Iron Ore es una antigua filial de African Minerals, cuya sede central se encontraba anteriormente en Londres. En enero de 2017, se habían resuelto 101 demandas y 41 continuaban el proceso en los tribunales. En febrero de 2018, los miembros del Tribunal Supremo británico se desplazaron a Sierra Leona para escuchar a las víctimas que no podían conseguir visados para el Reino Unido. El caso continúa su curso. 

Demanda contra Grupo México (relativa a un vertido tóxico en México): El 6 de agosto de 2014, se vertieron en los ríos Sonora y Bacanuchi 40.000 m3 de químicos procedentes de la mina Buenavista del Cobre, una filial del Grupo México, lo que afectó a comunidades de siete municipios. Supuestamente, la contaminación del agua y el suelo causó daños a la salud, así como pérdida de ganado y cultivos. Se ordenó a la empresa un pago total de aproximadamente 1,8 millones de dólares por concepto de multas administrativas, debido a 55 violaciones ambientales y de seguridad. El 15 de septiembre de 2014, el Gobierno mexicano y Grupo México acordaron crear un fondo fiduciario, con un saldo inicial de 2.000 millones de pesos mexicanos, para cubrir los costos de los proyectos de rehabilitación ambiental y agrícola y proporcionar compensaciones a los miembros de la comunidad afectados por el vertido.
Sin embargo, según un informe de 2017 del Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, estas obligaciones no se han cumplido. En 2015 y 2016, las comunidades afectadas interpusieron varias demandas contra varios organismos gubernamentales y Buenavista del Cobre, con arreglo a la ley de 2013, sobre el mecanismo constitucional de denuncia (amparo), respecto de los diversos daños causados por el vertido. Las demandas se refieren a supuestas violaciones del derecho de las comunidades al trabajo, a la propiedad, a un medio ambiente saludable, al acceso al agua, a compensación por daños, a la participación en los asuntos públicos y al acceso a la información. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el recurso de amparo contra Buenavista del Cobre, pero aún debe decidir si el fondo fiduciario puede ser declarado autoridad responsable con arreglo a la ley de amparo de 2013 y se le pueden exigir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos. El caso continúa su curso.
 

Actualizaciones de casos en curso


Demanda de Murray Energy (relativa a una supuesta difamación contra un cómico en Estados Unidos): En febrero de 2018, un juez de Virginia Occidental desestimó la demanda por difamación interpuesta en junio de 2017 por Murray Energy y su director ejecutivo, Robert Murray, contra John Oliver, HBO, Time Warner, y los guionistas del programa “Last Week Tonight”. Murray Energy afirmó que apelará la decisión.

Demanda contra Titan Cement (relativa a contaminación del aire en Egipto): El 21 de marzo de 2018, un tribunal de apelación confirmó una sentencia de enero de 2018 dictada por el tribunal de faltas de Dhekelia, Alejandría, que declaraba a la Alexandria Portland Cement Company (parte de Titan Cement Egypt) responsable de causar contaminación ambiental y daños a la salud de los habitantes de la zona de Wadi al Wamar. Los solicitantes habían presentado en enero de 2016 una demanda por las emisiones de la empresa provocadas por el uso de carbón.

Demanda contra Ford (relativa a complicidad con la dictadura argentina): La audiencia pública del juicio contra los antiguos ejecutivos de Ford Motor Argentina por supuestos crímenes de lesa humanidad se inició en febrero de 2018. Las siguientes vistas se celebraron en abril y mayo de 2018. Los testimonios aportados por los trabajadores y sus familias acusan a Ford de complicidad por la detención ilegal, tortura y desaparición de trabajadores de la empresa.

Demandas de Resolute Forest Products (relativas a supuesto chantaje y difamación por parte de organizaciones ambientales de Estados Unidos): En noviembre de 2017, Resolute Forest interpuso una demanda modificada en el caso contra Greenpeace por extorsión y fraude, con arreglo a la Ley sobre organizaciones influidas por la extorsión y la corrupción (RICO, por sus siglas en inglés). El 20 de marzo de 2018, un juez federal de San Francisco ordenó a Resolute Forest que resumiera la demanda modificada en menos de 80 páginas, antes de que el tribunal considerase el caso. El 4 de junio de 2018, un tribunal federal de California examinó la demanda modificada y, antes del 15 de junio de 2018, decidiría si desestima o no la demanda de Resolute.

Demanda contra el Banco Árabe (relativa a ataques terroristas en Israel): El 24 de abril de 2018, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó la decisión del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito y sostuvo que, en Estados Unidos, no es posible juzgar a empresas extranjeras por complicidad en abusos de los derechos humanos cometidos por fuera de este país, con arreglo a la Ley de reparación de agravios a ciudadanos extranjeros. Señaló claramente que es necesario obtener una autorización explícita del Congreso para los casos que afecten a demandas de derechos humanos contra demandados extranjeros.

Demanda de Natural Fruit Company (relativa a demandas por difamación contra Andy Hall en Tailandia): El 24 de abril de 2018, el Tribunal Penal Sur de Bangkok dictó una orden de detención contra Andy Hall y le ordenó comparecer ante el Tribunal de Apelación para escuchar el veredicto. El 31 de mayo de 2018, el Tribunal de Apelación desestimó las acusaciones penales de difamación contra el Sr. Hall. También se desestimaron las demandas por delitos informáticos.

Demandas de Abu Ghraib contra CACI, Titan (actualmente L-3): El 4 de mayo de 2018, un juez de distrito estadounidense que supervisaba la demanda por supuestas torturas cometidas por un contratista militar estadounidense en la prisión de Abu Ghraib, Iraq, autorizó a los abogados de CACI a interpelar antes del juicio a los encargados de los interrogatorios de la cárcel, y solicitó que no se revelase su identidad.

Demandas contra BHP Billiton & Vale l (relativa al colapso de una presa en Brasil): En mayo de 2018, los accionistas anunciaron que interpondrían una demanda contra BHP Billiton, alegando que la empresa era consciente de los riesgos de seguridad existentes  antes de que ocurriese el desastre, pero que ésta no tomó ninguna medida para evitarlo, engañando así a los accionistas. El 25 de junio de 2018, Vale y BHP Billiton anunciaron que firmaron un acuerdo con las autoridades brasileñas que resuelve una demanda de 5.3 millones de dólares estadounidenses relacionada con el colapso de la represa en el 2015. El acuerdo también establece un plazo de dos años para llegar a un acuerdo en una demanda separada presentada en mayo de 2016, la cual será suspendida mientras las partes negocien.

Demanda contra Corporación Financiera Internacional (relativa al financiamiento de una central de carbón en la India): El 21 de mayo de 2018, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó considerar el caso presentado contra la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) por las comunidades de campesinos y pescadores indios a causa del daño ambiental causado por la planta de carbón Tata Mundra. El tribunal decidirá sobre la cuestión de la inmunidad de las organizaciones internacionales.

Demanda contra KIK (relativa al incendio de una fábrica en Pakistán): En mayo de 2018, las familias de las 209 víctimas del incendio de la fábrica Baldia en Pakistán comenzaron a recibir las indemnizaciones a largo plazo del principal constructor de la fábrica, la empresa alemana KiK. Este plan de indemnización es el resultado de una negociación facilitada por la Organización Internacional del Trabajo.

Demanda contra Texaco/Chevron (relativa a contaminación medioambiental en Ecuador): El 17 y 18 de abril de 2018 el Tribunal de Apelación de Ontario celebró la audiencia relativa a la solicitud de los afectados para la ejecución de la sentencia de $9.500 dólares contra Chevron sobre los bienes de su filial en Canadá. El 23 de mayo de 2018, el tribunal confirmó una decisión de enero de 2017 dictada por el Tribunal Supremo de Ontario, en la que establecía que Chevron Canadá no podía ser considerada responsable en lugar de su empresa matriz, ya que se trata de una entidad jurídica separada. Los demandantes tienen previsto apelar al Tribunal Supremo.

Demanda contra Shell (relativa a vertidos de petróleo y a la comunidad en Bodo, Nigeria): El 24 de mayo de 2018, un juez británico dictaminó que la comunidad de Bodo debe tener la posibilidad de reactivar la demanda por contaminación por petróleo en Nigeria durante un año más, sin ninguna condición, en caso de que Shell no lleve a cabo de forma satisfactoria la limpieza del vertido de petróleo según los estándares pertinentes.

Demanda contra Nestlé, Cargill, Archer Daniels Midland (relativa a Costa de Marfil): El 7 de junio de 2018, un panel de tres jueces del Noveno Circuito admitió la demanda estadounidense contra Nestlé y Cargill, que acusa a las empresas de complicidad en esclavitud infantil para la obtención de cacao barato. Los demandantes, que fueron secuestrados en los años 90 en Malí, siendo niños y forzados a trabajar en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil, interpusieron su demanda con arreglo a la Ley de reparación de agravios a ciudadanos extranjeros, alegando que la decisión de Nestlé y Cargill de aportar dinero y soporte técnico a los cultivadores de cacao se tomó en la sede estadounidense de las empresas y, por lo tanto, la demanda tenía suficiente relación con Estados Unidos.
Otras noticias

Del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos


Sube la temperatura: rendición de cuentas empresarial por el cambio climático, Informe Anual de Responsabilidad Legal Empresarial de 2018 (el resumen ejecutivo está disponible en inglés, español, francés, ruso, chino y alemán), junio de 2018.

Entrevista a abogado sobre una notificación de intención de demanda enviada a Shell relativa a sus políticas climáticas, Laurie Van der Burg, investigadora y responsable de campañas en Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie), y Roger Cox, abogado y socio en Paulussen Advocaten, mayo de 2018.
 

Informes, artículos, asesoramiento por parte de destacados expertos y organizaciones.


Licencias Éticas de Propiedad Intelectual +CAL, Corporate Accountability Lab, marzo de 2018.

Recopilación de blogs de expertos sobre la sentencia del caso Jesner v. Arab Bank emitida por el Tribunal Supremo de EE.UU., abril de 2018.

Procedure and Format - Options for an UN Treaty on Business and Human Rights [Procedimiento y forma: Alternativas para un Tratado de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos], Global Policy Forum y Rosa Luxemburg Stiftung, abril de 2018.

Varias ONG solicitan al Tribunal Supremo británico que permita a las comunidades nigerianas apelar la decisión que les prohibía demandar a Shell en el Reino Unido por las consecuencias del vertido de petróleo, abril de 2018.

Caso francés muestra que se pueden utilizar los cargos por tráfico cuando existe “explotación laboral”, no únicamente en casos de esclavitud sexual o doméstica, Shelley Marshal, febrero de 2018.

Carta a Paul Polman, presidente ejecutivo de Unilever, relativa al caso presentado ante los tribunales británicos por los supervivientes de los ataques poselectorales en una de sus plantaciones de té en Kenya en 2007, REDRESS, CORE, ACCA, Kituo Cha Sheria, abril de 2018.

Buscando justicia: El Tribunal Supremo de EE.UU. juzgará el caso contra la “inmunidad absoluta” del Grupo del Banco Mundial, CIEL, mayo de 2018.

Base de datos: Legislación sobre debida diligencia en la cadena de suministro, reglamentación, acuerdos, iniciativas, Shelley Marshall, Irene Pietropaoli y Madeline Winterbottom (Universidad RMIT de Melbourne), mayo de 2018.

Invitación a participar en una serie de consultas abiertas sobre la aplicación de la resolución 26/9, Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, mayo de 2018.

Aspectos clave de legislación sobre debida diligencia obligatoria, Documento de posición, Coalición Europea para la Justicia Corporativa, junio 2018

Hoja informativa: Trata de personas y trabajo forzado en centros de detención con ánimo de lucro, Alexandra F. Levy, Centro Legal contra la Trata de Personas, 2018
 
Eventos
Explicación sobre los avances de la debida diligencia en materia de derechos humanos en Europa - Lo que significa en los diferentes contextos jurídicos y cómo puede defenderla la sociedad civil, serie de seminarios web, ECCJ, Amnistía Internacional, Antiesclavitud, CIDSE, 5 de julio de 2018.

Conferencia Anual de la Sociedad Europea de Derecho Internacional, 13 de septiembre de 2018.

Normas laborales internacionales y responsabilidad social empresarial: Entender los derechos de los trabajadores en el contexto de la debida diligencia, Centro Internacional de Capacitación de la OIT, 8-12 de octubre de 2018.
Si desea que consideremos algún tema para nuestro próximo boletín, o tal vez conoce a alguien a quien le gustaría recibirlo, o desea darnos su opinión, o simplemente no desea continuar recibiéndolo, por favor contacte a Marion Cadier, Investigadora Jurídica, escribiendo a cadier@business-humanrights.org.
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